La justicia social y el bien común frente a las sociedades contemporáneas

Por: Raúl Gutiérrez Patiño

De acuerdo con Reyes Tellez, “El bien común representa una realidad tangible, un medio organizado conforme a los mejores recursos del momento. El Estado tiene como misión cuidar directamente, mediante una amplia planificación y coordinación de la cooperación social, todas las necesidades existenciales de sus miembros, contando con una amplia gama de políticas públicas además de un amplio sistema de derechos humanos que protejan a las personas en todas las eventualidades de la vida, proporcionándoles la ayuda que necesitan”.[1]

El bien común, como objetivo, vela por el establecimiento pleno de la voluntad popular en cualquier nación, para que la humanidad pueda alcanzar niveles dignos de bienestar; su materialización se da por tanto,  de manera exitosa,  al interior de la sociedad cuando la justicia y equidad social confluyen en una sola meta,  en forma de elementos incluyentes, en cuyas concepciones, se posicione la defensa del individuo como una máxima frente a la construcción del propio Estado.

Asimismo, el bien común encuentra su paralelo con la propia finalidad de los derechos humanos, como la defensa de la vida, la libertad, el acceso irrestricto a la justicia con base en el debido proceso, entre otros elementos,  de los cuales se derivan derechos tales como la alimentación, el acceso a una educación gratuita, laica y de calidad, vivienda digna, salud, entre otras prerrogativas que tienen como finalidad: asegurar el desarrollo pleno e integral de los individuos con base en su dignidad inherente, fuera de toda discriminación; por tanto, se coloca como un mecanismo necesario e imprescindible al momento de garantizar la promoción, defensa y salvaguarda de los derechos humanos.

Cabe mencionar que durante mucho tiempo se consideró que el desarrollo teórico de los derechos humanos necesariamente se daba en el ámbito jurídico; sin embargo, su concepción no es exclusiva de esta lógica ya que en la medida en que son también un discurso  que genera relaciones de poder, cuando se convierten en el discurso de las clases gobernantes.  En este sentido se inscriben como necesarios para profundizar en los alcances del desarrollo integral de cualquier sociedad y en el de cualquier individuo, en aras de promover y asegurar el bien común.

No obstante,  cuando abordamos reflexiones en torno al bien común dentro del contexto actual, es inevitable enfrentamos a una noción que adolece de contenido a consecuencia del fenómeno de la corrupción e impunidad que laceran los tejidos sociales. Se trata de individuos cuyos comportamientos desprovistos de ética, quebrantan los principios básicos de los regímenes democráticos, de la propia esencia humana y de todos aquellos elementos que aseguran el desarrollo del Estado de Derecho y la congruencia del principio de la legalidad en prácticamente todas las regiones. Desafortunadamente, la corrupción se ha posicionado como un “elemento cultural” principalmente dentro de las sociedades más desiguales de la tierra.

Sin embargo, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, por cultura se entiende el “conjunto de características, ideas, conocimientos y tradiciones que caracterizan a una clase social, época, pueblo, etc.”; por tanto, si asumimos esta nociva práctica propiamente como algo cultural, pasamos por alto el hecho de que este fenómeno es producto de un sistema que depende de la desigualdad para su propia supervivencia y que no es inherente al ser humano; más bien un sistema corrupto coloca al ser humano en la necesidad de adaptarse a él llevando a cabo acciones que vulneran a su propia dignidad, aunque esto no quiere decir que el individuo deba posicionarse como “víctima de la circunstancia” al contrario, debe promoverse como un actor de cambio social, cuya responsabilidad modifique estos esquemas a favor del bienestar colectivo.

 

De tal suerte que la efectividad que persigue el bien común en términos de promover el desarrollo social en México, consiste en el apego irrestricto a la transparencia y rendición de cuentas como mecanismos de auténtica validez de los principios e ideales democráticos a los que aspira el proyecto nacional.

Si bien es cierto que el bien común es el objetivo que persigue todo sistema económico, político, cultural y social de cualquier proyecto de nación; a consecuencia del materialismo rampante que se aparece cada vez con más fuerza al interior de las sociedades contemporáneas, que agudiza las prácticas corruptas,  las estrategias que se esgrimen para combatirlas se limitan o desvían en función de intereses  de diversa índole y que, en consecuencia, refuerzan la percepción de la corrupción como un fenómeno cultural.

Lo anterior, encuentra una poderosa justificación dentro de la “cultura del consumismo”, la cual, ha provocado una paulatina distorsión a la noción de la dignidad humana, en donde pareciera ser que los individuos encuentran su valor en su capacidad de adquirir bienes superfluos e innecesarios, en detrimento de la propia convivencia en sociedad y del desarrollo pleno de todos y cada uno de sus miembros.  

Es necesario recordar que en la época pre-moderna, la percepción de la dignidad se daba en función de ser “hecho” a imagen y semejanza de un ente divino, posteriormente en la época moderna, esta dignidad derivó de su propia naturaleza humana; pero dicha naturaleza se desvincula progresivamente  de cualquier origen divino.[2]

La cosmovisión de la dignidad se ha materializado en función del papel que los individuos desempeñan a favor del bienestar colectivo, sin que ello se entienda que existen seres humanos de “primera” o “segunda” categoría, sino que todos, desde sus ámbitos de competencia con sus respectivos derechos y obligaciones, colaboren a favor del bien común bajo los preceptos de justicia y equidad social.

Pero ahora pareciera que nos encontramos en una sociedad que valora a sus individuos en función de lo que tienen, más allá de cómo piensan o sienten; lo que ha provocado una grave distorsión en términos de  la propia dignidad humana.

Lo anterior, puede explicarse de la siguiente manera: Cuando a una persona le gusta la “buena vida”, los bienes agradables y placenteros, pero no tiene lo suficiente para financiar sus gustos y nuevas necesidades adquiridas, se valdrá de todos los medios posibles para ello; es por ello, que esta realidad representa la antesala de la corrupción que se sirve de instrumentos públicos o privados para su ejercicio.

De tal suerte que ahora, bajo una visión torcida de la justicia social (producto de nociones erróneas sobre cómo asegurar el bien común), se fomenta la intolerancia y el rechazo hacia los individuos que no cumplen ciertas capacidades adquisitivas  o no cumplen ciertos convencionalismos sociales en detrimento de su libre autodeterminación como personas bajo el discurso de “entre más trabajo, más derecho a bienestar tengo”, lo que fomenta la tan desafortunada afirmación que reza: “los individuos son pobres porque quieren”.

Esta miope visión, deja completamente de lado el hecho de las desigualdades que crea y trae consigo el fenómeno de la corrupción, el cual, altera el orden socioeconómico de un Estado de tal manera, que aumenta la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos por este sistema generando problemáticas en materia de inseguridad, falta o total ausencia de oportunidades y en consecuencia elementos que violentan el crecimiento y desarrollo para la sociedad, condicionando el bienestar colectivo.

Esta situación genera un aliciente hacia conductas discriminatorias que desafortunadamente se inscriben como “socialmente aceptables” que irremediablemente generan daños morales, físicos, psicológicos, materiales y diversas limitaciones en distintos ámbitos que vulneran el libre desarrollo psicosocial de los individuos.

Existen pues razones estrictamente morales para desear una sociedad más igualitaria, una sociedad donde no sólo exista igualdad de oportunidades, sino también mayor igualdad en los resultados. Antony B. Atkinson, en su  libro Inequality: What can be done? lo articula de una manera muy clara: “ya que nos interesa la igualdad de oportunidades, también nos debe importar la igualdad en resultados, pues estos resultados son los que en buena medida determinan la igualdad de oportunidades en el futuro. La desigualdad tiende a reforzarse entre sí. Las desigualdades económicas causan desigualdades políticas y, a su vez, éstas generan toda clase de desigualdades sociales. Todas se alimentan entre sí. Nos debe preocupar la desigualdad si nos preocupa la vida democrática, si nos importa la libertad humana”.[3]

Recordemos que la justicia debe ir más allá de una retórica vacía de “causa-consecuencia” o “acción-reacción”, el ideal de la auténtica justicia debe de tomar en consideración la coyuntura que se desenvuelve en cada contexto para atender de manera puntual la protección en torno al pleno desarrollo integral de los individuos; de tal suerte que en su ejercicio, se asegure el establecimiento pleno del Estado Constitucional.

Es así que resulta necesaria una cultura ciudadana impregnada del respeto a la dignidad humana, en donde a través de su participación, se encaminen las estructuras de poder por el camino de una efectividad hacia el bien común en el que el respeto a los derechos humanos, sea su herramienta más efectiva.

En este sentido, debemos tener en cuenta que el establecimiento del bien común, requiere de la sinergia entre Estado y Sociedad a efecto de consolidarlo de manera plena, ya que se requiere de la articulación de disposiciones jurídicas para su protección por medio de una institucionalidad efectiva y mecanismos de representación eficientes así como el llevar a cabo conductas de pleno respeto por parte de la ciudadanía, que no se entienda nunca como una suerte de sumisión, sino de la eficiencia que promueve el “contrato social” en aras de impedir el mal gobierno con el fin de garantizar un ejercicio efectivo de gobernabilidad que asegure la validez de los derechos sociales.

Debemos partir del hecho de que bien común es a sociedad, lo que dignidad es a individuo; por tanto, consiste en la sumatoria de los discursos en torno a la justicia y equidad social entendidos como elementos que procuran  el establecimiento de un auténtico bienestar estable y duradero, por lo que el bien individual supeditado al bienestar social. En la medida en que se violenta la dignidad humana se atenta contra el bienestar colectivo.

El establecimiento del bien común, debe pues garantizar la calidad de vida de toda comunidad, de toda sociedad y de todo individuo, como un elemento que da validez a las construcciones de nación bajo un ideal de armonía y de pleno respeto a la dignidad humana.

Es necesario reconocer que la búsqueda del bien común no garantiza que las problemáticas al interior de una sociedad quedarán irremediablemente resueltas, por el contrario, la falta de consenso de los individuos (particularmente entre los garantes de la manifestación de la voluntad popular) puede representar un gran obstáculo al momento de articular mecanismos efectivos para su desarrollo; por tanto, el dialogo, el intercambio de ideas, la creación de academia debe fomentar en los científicos sociales y en cada individuo, la imperante necesidad de promover ideas y opiniones que sirvan para abonar el terreno a favor del bienestar colectivo.

Por otro lado, la visión en torno a la promoción de los derechos humanos por medio de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, inviolabilidad e inalienabilidad, de sus preceptos, tienen como efecto colateral asegurar el establecimiento del bien común como un mecanismo para procurar, de manera irrestricta, la defensa de la dignidad humana y asegurar con ello, el bienestar social.

Es decir, los aspectos que aseguran la efectividad de los derechos humanos, determinan la convivencia armónica y pacífica de los individuos con base en la búsqueda del propio bien común, cuya esencia asegura la validez de una calidad de vida de las personas, frente a los nuevos retos y desafíos que se presentan en un contexto mundial cada vez más complejo y turbulento, donde el consumo desmedido producto de necesidades creadas artificialmente, requiere una nueva reflexión de las nociones de justicia y equidad social como elementos que aseguran la defensa de la dignidad de todos los miembros de una sociedad.

Acerca del autor: 

Maestro en Corrupción y Estado de Derecho y Licenciado en Relaciones Internacionales con habilidad para comunicar e interactuar con personas de diferentes culturas e ideologías, interesado en el análisis y evaluación de la política exterior, con deseos de ofrecer sus conocimientos y capacidades para desarrollar una carrera profesional en organismos que promuevan el papel de México en el escenario internacional mediante proyectos para la consolidación de la democracia, combate a la corrupción y al crimen organizado, promoción y fomento de la transparencia, defensa de los derechos humanos específicamente en lo relacionado a trata y tráfico de personas, cuidado del medio ambiente, entre los temas más relevantes. 

 


[1] REYES TELLEZ, Abel. El Bien Común Principio social cristiano. En: http://opiniondc.blogspot.mx/2010/05/opinion-el-bien-comun-principio-social.html última consulta 06/02/2017

[2] Cfr. PELÉ, Antonio. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA. En: www.revistauniversitas.org última consulta 06/02/2017

[3] ¿Qué es la desigualdad económica? En: http://www.forbes.com.mx/que-es-la-desigualdad-economica/#gs.6zp4y80  última consulta 19/01/2017